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16 de Agosto 1855 - Argentina

Córdoba sanciona su constitución. 
El 25 de mayo de 1853 se sanciona la Constitución Nacional de la Confederación Argentina fijando el status jurídico e institucional de las provincias que la componen, y estableciéndose la Garantía federal como límite al poder constituyente local. Así, todas las atribuciones que pertenecen o van a pertenecer al gobierno federal y que no están previamente definidas en la Constitución Nacional corresponderían a las provincias siempre y cuando se encontraren bajo la supremacía de la Constitución Nacional.
Entre los límites explícitos a los gobiernos provinciales se estableció: la prohibición de recibir o acreditar agentes diplomáticos en el extranjero, armar ejércitos y declarar la guerra; la prohibición de dictar leyes sobre naturalización, comercio y navegación; acuñar moneda y establecer aduanas, derechos de tonelaje y bancos -sin autorización del Congreso nacional-; la prohibición de dictar leyes políticas y codificadas y la celebración de tratados políticos parciales con otras provincias.
En cuanto a la clausula de Garantía federal, el Artículo 5º de la Constitución Argentina de 1853 prescribía:
"Cada provincia confederada dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria gratuita.
Las constituciones provinciales serán revisadas por el Congreso antes de su promulgación.
Bajo estas condiciones el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones".
Consecuentemente, el Art. 64º Inciso 28 daba al Congreso la facultad de "examinar las constituciones provinciales y reprobarlas, sino estuviesen conformes con los principios y disposiciones de esta Constitución". Y el Artículo 103º disponía: "cada provincia se dicta su propia Constitución, y antes de ponerla en ejercicio, la remite al Congreso para su examen". En tal sentido, se fijó un plazo de ocho meses a partir del 1° de diciembre de 1854 para que las provincias dictaran sus constituciones.
De esa forma, durante el gobierno de Roque Ferreyra, el 16 de agosto de 1855, se sancionó la primera Constitución de la provincia, la cual constaba de 81 artículos y tomó como modelo el proyecto constitucional de Mendoza que redactó Juan Bautista Alberdi. Con algunas modificaciones sugeridas por el Gobierno Nacional, fue jurada el 30 de noviembre de 1855.
La carta magna provincial ratificó para el autogobierno de los cordobeses el principio de gobierno representativo y republicano, "proclamado por la Revolución Americana y consagrado por la Constitución general de 1853" (Art. 4º). Estableció, los principios de Soberanía popular, Separación de poderes (prescriptos en el Art. 13º) y Periodicidad de los mandatos -el Gobernador de Córdoba duraría tres años años en sus funciones y no podría ser reelecto sino con el intervalo de un período (Art. 42º)-; distinguiéndose a su vez, entre "gobernador propietario" o "en propiedad" -persona que ocupa el puesto de Gobernador permanentemente por el término del mandato-, "interino" y "delegado".
El Poder Judicial, ejercido por la Cámara de Justicia, sería independiente de los otros dos poderes. La Constitución consagró los principios de Presunción de inocencia (Art.67º) y Legalidad (Art. 71º).
Actuaron en la confección de la constitución:
Presidente: Fernando S. de Zavalía
Secretario: Benjamín de Igarzábal
Diputados: Lucrecio Vázquez, Francisco de Paula Moreno, Luis Rueda, Bernardino Acosta, Vicente de la Peña, Clemente J. Villada, Manuel de la Lastra, Rafael García, Cornelio Moyano, Félix de la Peña, Manuel Antonio Carranza, Martín Ferreyra, Gerónimo Yofre, Donaciano del Campillo, Apolinario Rivas, Wenseslao Funes, Pedro Clara, Juan Ramón Torres, Calixto de la Torre, José Saturnino de Allende, Pedro Ávila.

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