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BUSTOS Y LA CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA

Por Osvaldo Vergara Bertiche.

Patriota, militar de nuestra independencia y primer gobernador de Córdoba. Quizá su legado más importante, destacado por Pacho O’ Donnell y otros autores, fue el dotar a su provincia de una Constitución.
Contraponiendo la Constitución de 1819, de sesgo unitario y monárquica que venía como anillo al dedo a las pretensiones de Pueyrredón, el Reglamento Provisional cordobés de 1821 –así fue su nominación– se erige como contratara de sesgo federalista.

Constaba de 8 secciones y 31 capítulos con artículos cuya numeración ordinal se inicia y concluye capítulo por capítulo. Se supuso que Bustos esperó el dictado de una Constitución para toda la Nación.

La Sección Primera tiene tres capítulos y refiere que “la provincia de Córdoba es libre e independiente; reside esencialmente en ella la soberanía y le compete el derecho de establecer sus leyes fundamentales”. También se habla de los derechos del hombre en sociedad: a la vida, a la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad; y también hace lo propio con los deberes del hombre de respetar las leyes, someterse a la autoridad, mantener la libertad y la igualdad, contribuir a los gastos públicos y servir a la patria.

La Sección Segunda se refiere a los deberes del cuerpo social a favor de “indigentes y desgraciados”, junto a la instrucción a todos los ciudadanos.

En otro capítulo trata de la religión y declara a la católica como la única verdadera y sostenida por el Estado, no permitiéndose otro culto.

Las secciones tercera y cuarta hablan de la ciudadanía. Considera ciudadano a “todo hombre libre, siempre que haya nacido y resida en la Provincia… no tendrá voto activo, hasta la edad de 18 años, ni pasivo hasta haber cumplido 25 o ser emancipado...”.

Se establece la elección de los representantes para el Congreso de la provincia, donde se refiere a las asambleas que elegían electores, y de la Asamblea Electoral, integrada por electores.

El artículo 11 afirmaba: “...entre tanto no se sancione la Constitución que proveerá de un Senado, que con la Sala de Representantes debe formar el Departamento de Legislación.”

En la Sección Quinta habla de los representantes al Congreso, sus requisitos y la renovación bianual de la Sala de Representantes.

La Sección Sexta se refiere al Poder Legislativo, integrado por representantes que duraban cuatro años en su mandato y se renovaban por mitades cada dos años, pero se elegían en forma indirecta, y a las atribuciones del Congreso.

En cuanto al Supremo Poder Ejecutivo, que reside originariamente en el pueblo, es ejercido por un gobernador de la República, elegido por el Congreso de la provincia, con un mandato de cuatro años y con posibilidades de ser reelegido una vez. El capítulo XV establece sus atribuciones y dispone que “será el agente natural e inmediato del Poder Ejecutivo federal para todo aquello que siendo de su resorte o del Congreso General de los Estados, no estuviere cometido a empleados particulares”. En el siguiente capítulo se refiere a sus límites.
La Sexta Sección, del Poder Judicial, el cual reside originariamente en el pueblo, y lo ejerce, hasta que se dicte la Constitución, el Tribunal de Segunda Suplicación, Nulidad e Injusticia Notoria; en el Tribunal de Apelaciones y en los demás juzgados ordinarios; para el caso que no haya tribunal, que proveerá el Congreso.

La Séptima Sección atiende sobre los Tribunales de Justicia, de la administración en general, que en lo civil y criminal seguirá con los mismos principios hasta que las circunstancia hagan “adoptable y permiten establecer el sistema de legislación por jurados”. En capítulo aparte trata de la justicia civil, y de la justicia criminal habla en la Sección Octava, que abarca varios temas, entre los que se destacan derechos individuales luego contemplados por la Constitución de 1853.

Esa misma sección retoma la elección de los cabildos, las competencias y atribuciones de los ayuntamientos, del Ministerio de Hacienda, del juzgado de comercio, de las milicias nacionales y de las milicias cívicas.

Y termina, en un rápido punteo del documento constitucional, con un capítulo donde declara que las autoridades tienen por obligación fomentar el interés por la literatura las ciencias, la agricultura, los principios de humanidad y benevolencia, caridad, industria y honestidad, entre otros aspectos.

O’ Donnell es tajante en definir el rol de Bustos: “Nada tenía de anarquista el caudillo cordobés, sino que buscaba alcanzar, lo más rápida y eficazmente posible, la organización institucional de las Provincias Unidas.”.

Artículo publicado en el suplemento Claves de la Historia - Miradas al Sur
31.08.14

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