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8 de Julio 1884 - Argentina

Bajo la presidencia de Julio Argentino Roca se promulga la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria y considerada piedra basal del sistema educativo nacional. Se aprobó después de fuertes debates en el Congreso Nacional y en la prensa. 

Distintos puntos de vista en torno a la enseñanza religiosa, a la escuela mixta y al control del Estado (y de la nación) sobre la educación dividieron a la generación del ochenta. Las divergencias fundamentales se centraron en la identificación común de la necesidad de una ley de educación, la gratuidad y obligatoriedad de la escuela.

En 1883, el Congreso comenzó a discutir un proyecto mediante una iniciativa apoyada por los católicos desde la Comisión de Justicia, Culto e Instrucción, presentada a las Cámaras por Mariano Demaría. Después de un largo debate en el que intervinieron entre otros Eduardo Wilde, ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Onésimo Leguizamón y Tristán Achaval Rodríguez, el proyecto fue rechazado. Inmediatamente la mayoría liberal del Congreso presentó otro alternativo, el que fue aprobado con algunas modificaciones.

Uno de los temas más debatidos de la propuesta inicial consistió en la inclusión de contenidos religiosos en los programas escolares. Existían opiniones contrapuestas acerca del papel de la Iglesia en la sociedad y el Estado. Los liberales impulsaron un programa secularizador, por el cual la Iglesia católica perdió parte de sus potestades en cuanto al registro civil, la educación y el matrimonio. En ese marco, la religión en las escuelas fue el nudo del debate. Finalmente, la ley aprobada no hizo mención al carácter laico de la educación pero la instrucción religiosa quedó en calidad de optativa, con autorización de los padres, y dictada fuera del horario escolar.

Otro punto de discusión radicó en la capacidad del Congreso para legislar en lo atinente a la instrucción pública en toda la república, según preveía el proyecto presentado por la Comisión. Primó la posición de algunos legisladores, quienes sostenían que el Congreso sólo podía dictar leyes generales en lo relativo a la educación, resolviendo sólo sobre la ley de educación para la capital, los territorios y las colonias nacionales. El Estado nacional limitaría su influencia a las escuelas de la Capital, colonias y territorios nacionales y en las escuelas normales, dejando a los gobiernos provinciales la facultad de dictar sus propias leyes de educación. Sin embargo, el gobierno nacional a través de las subvenciones a las escuelas en las provincias tenía autoridad para inspeccionarlas. Las autoridades educativas nacionales realizaron persistentes esfuerzos por establecer líneas de acción en las provincias concordantes con las directivas nacionales.

La ley aprobada estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños, medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por ley. Los padres estaban obligados a dar educación a sus hijos. Por último, la formación de maestros, el financiamiento de las escuelas públicas y el control de la educación –privada o pública- quedó en manos del Estado. No obstante, la sociedad tenía a través de los llamados distritos escolares en los que participaban padres de familia (elegidos por el Consejo Nacional de Educación), la facultad de inspeccionar la calidad, higiene y cumplimiento de las leyes en las escuelas.

En las décadas siguientes, la ley se convertirá en una divisoria de aguas de los sucesivos enfrentamientos ideológicos que atravesaron la opinión en el país. La posición crítica o defensiva ante la ley será uno de los puntos que demarcarán las corrientes de ideas antagónicas. Sin embargo, a lo largo de más de un siglo, el significado social y político de la ley varió en sintonía con los cambios en el escenario político y los debates ideológicos.

Texto de la Ley Nº 1420:
CAPITULO I 
Principios generales sobre la enseñanza pública de las escuelas primarias.
Artículo 1º. La escuela primaria tiene por único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de seis a catorce años de edad.
Art. 2º. La instrucción debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene.
Art. 3º. La obligación escolar comprende a todos los padres, tutores o encargados de los niños, dentro de la edad escolar establecida en el artículo primero.
Art. 4º. La obligación escolar puede cumplirse en las escuelas públicas, en las escuelas particulares o en el hogar de los niños; puede comprobarse por medio de certificados y exámenes, y exigir su observación por medio de amonestaciones y multas progresivas, sin perjuicio de emplear, en caso extremo, la fuerza pública para conducir los niños a la escuela.
Art. 5º. La obligación escolar supone la existencia de la escuela pública gratuita al alcance de los niños en edad escolar. Con tal objeto cada vecindario de mil a mil quinientos habitantes, en las ciudades o trescientos o quinientos habitantes en las colonias y territorios nacionales, constituirá un Distrito Escolar, con derecho por lo menos a una escuela pública donde se dé en toda su extensión la enseñanza primaria que establece esta ley.
Art. 6º. El mínimum de instrucción obligatoria comprende las siguientes materias: lectura y escritura; aritmética (las cuatro primeras reglas de los números enteros, y el conocimiento del sistema métrico decimal y la ley nacional de monedas, pesas y medidas): geografía universal, historia particular de la República y nociones de historia general; idioma nacional; moral y urbanidad; nociones de higiene; nociones de ciencias matemáticas, físicas y naturales; nociones de dibujo y música vocal; gimnástica y conocimiento de la Constitución Nacional. Para las niñas será obligatorio además el conocimiento de labores de manos y nociones de economía doméstica. Para los varones el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillos, y en las campañas, nociones de agricultura y ganadería.
Art. 7º. En las escuelas públicas se enseñarán todas las materias que comprende el mínimum de instrucción obligatoria, desarrollándolas convenientemente según las necesidades del país y capacidad de los edificios escolares.
Art. 8º. La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de las horas de clase.
Art. 9º. La enseñanza primaria se dividirá en seis o más agrupaciones graduales, y será dada sin alteración de grados en escuelas Infantiles, Elementales y Superiores, dentro del mismo establecimiento o separadamente.
Art. 10º. La enseñanza primaria para los niños de seis a diez años de edad, se dará preferentemente en clases mixtas bajo la dirección exclusiva de maestras autorizadas.
Art. 11º. Además de las escuelas comunes mencionadas, se establecerán las siguientes escuelas especiales de enseñanza primaria: Uno o más Jardines de Infantes en las ciudades donde sea posible dotarlos suficientemente. Escuelas para Adultos en los cuarteles, guarniciones, buques de guerra, cárceles, fábricas y otros establecimientos donde pueda encontrarse ordinariamente reunido un número cuando menos de cuarenta adultos ineducados. Escuelas ambulantes, en las campañas, donde por hallarse muy diseminada la población no fuese posible establecer con ventaja escuelas fijas.
Art. 12º. "El mínimum de enseñanza para las escuelas ambulantes y de adultos, comprenderá estas ramas: lectura, escritura, aritmética (las cuatro primeras reglas y el sistema métrico decimal), moral y urbanidad, nociones de idioma nacional, de geografía nacional y de historia nacional, explicación de la Constitución Nacional, enseñanza de los objetos más comunes y cursos especiales elementales relacionados con las actividades industriosas de carácter general o regional".
Art. 13º. En toda construcción de edificio escolares y de su mobiliario y útiles de enseñanza deben consultarse las prescripciones de la higiene. Es además obligatorio para las escuelas la inspección médica e higiénica, la vacunación, la revacunación de los niños en períodos determinados.
Art. 14º. Las clases diarias de las escuelas públicas serán alternadas con intervalos de descanso, el ejercicio físico y canto.
CAPITULO II
Matrícula escolar, registro de asistencia, estadística de las escuelas y censo de la población escolar.
Art. 15º. Anualmente se abrirá en cada Distrito Escolar un libro de matrícula destinado a inscribir el nombre, edad, sexo, comunión de sus padres, domicilio, y demás indicaciones necesarias acerca de cada niño en edad escolar existente en el distrito.
Art. 16º. El certificado de matrícula será expedido gratuitamente por el Consejo Escolar del distrito, en el tiempo, lugar y forma que determina el reglamento de las escuelas y presentado por el niño al tiempo de ingresar anualmente en la escuela o cuando fuere exigido por la autoridad escolar del distrito, y se deroga el inciso 7 del art. 44º de la misma ley.
Art. 17º. Los padres, tutores, o encargados de los niños que no cumpliesen con el deber de matricularlos anualmente, incurrirán por la primera vez en el mínimum de la pena que establece el artículo 43º, inciso 8, aumentándose ésta sucesivamente en caso de reincidencia.
Art. 18º. Los directores de escuelas públicas que recibiesen en ellas niños que no se hubiesen matriculado ese año, incurrirán por cada omisión en la multa de cuatro pesos moneda nacional.
Art. 19º. En cada escuela pública se abrirá anualmente, bajo la vigilancia inmediata de su director, un registro de asistencia escolar que contendrá las indicaciones necesarias sobre cada alumno en lo relativo al tiempo que concurra o que esté ausente de la escuela.
Art. 20º. La falta inmotivada de un niño a la escuela, constante del registro de asistencia por más de dos días, será comunicada a la persona encargada del niño para que explique la falta. Si ésta no fuere satisfactoriamente explicada continuando la falta, el encargado del niño incurrirá en el mínimo de la pena pecuniaria establecida en el artículo 43º, inciso 8, aumentándose en caso de reincidencia hasta el máximum, sin perjuicio de hacer efectiva la asistencia del niño a la escuela.
Art. 21º. En cada escuela pública se abrirá también cada año un libro de estadística de la escuela, destinado a consignar, con relación a ésta, las condiciones del edificio, monto del alquiler, reparaciones que necesita; inventario y estado de los muebles, libros y útiles de la escuela; y con relación a cada niño, el grado de su clase, aprovechamiento, conducta, etc. La falta a cualquiera de estos deberes será penada con el mínimum de la multa que establece el artículo 43º, inciso 8, por la primera vez, aumentándose en caso de reincidencia.
Art. 22º. Las penas pecuniarias establecidas en los artículos anteriores se harán efectivas contra los maestros, por la autoridad escolar respectiva; y contra los particulares por vía de apremio, ante el Juez respectivo del demandado, sirviendo de título el certificado del director o comisión de distrito de no haberse cumplido la prescripción legal.
Art. 23º. El censo de la población escolar se practicará simultáneamente, cada dos años por lo menos, en todos los diversos distritos escolares en la forma y por los medios que se creyesen más adecuados para obtener la exactitud posible.
CAPITULO III
Personal docente.
Art. 24º. Nadie puede ser director, subdirector o ayudante de una escuela pública, sin justificar previamente su capacidad técnica, moral y física para la enseñanza en el primer caso, con diplomas y certificados expedidos por la autoridad escolar competente del país; en el segundo, con testimonios que abonen su conducta en el tercero, con un informe facultativo que acredite no tener el candidato enfermedad orgánica o contagiosa, capaz de inhabilitarlo para el magisterio.
Art. 25º. Los diplomas de maestros de la enseñanza primaria, en cualquiera de sus grados, serán expedidos por las Escuelas Normales de la Nación o de las provincias. Los maestros extranjeros no podrán ser empleados en las escuelas públicas de enseñanza primaria, sin haber revalidado sus títulos ante una autoridad escolar de la Nación y conocer su idioma.
Art. 26º. Mientras no exista en el país suficiente número de maestros con diploma para la enseñanza de las escuelas públicas y demás empleos que por esa ley requieren dicho título, la dirección general de las escuelas proveerá a la necesidad mencionada, autorizando a particulares para el ejercicio de aquellos cargos, previo examen y demás requisitos exigidos por el artículo 24º.
Art. 27º. Los maestros encargados de la enseñanza en las escuelas públicas están especialmente obligados: 1. A dar cumplimiento a la presente ley y a los programas y reglamentos que dicte para las escuelas, la autoridad superior de las mismas. 2. A dirigir personalmente la enseñanza de los niños que están a su cargo. 3. A concurrir a las conferencias pedagógicas que para el progreso del magisterio establezca la Dirección General de Escuelas. 4. A llevar en debida forma los registros de asistencia, estadística e inventario que prescriben los artículos 19º y 21º.
Art. 28º. Es prohibido a los directores, subdirectores o ayudantes de las escuelas públicas: 1. Recibir emolumento alguno de los padres, tutores o encargados de los niños que concurran a sus escuelas. 2. Ejercer dentro de la escuela o fuera de cualquier oficio profesional o comercio que lo inhabilite para cumplir asidua e imparcialmente las obligaciones del magisterio. 3. Imponer a los alumnos castigos corporales o afrentosos. 4. Acordar a los alumnos premios o recompensas especiales, no autorizados de antemano por el reglamento de las escuelas para casos determinados.
Art. 29º. Toda infracción a cualquiera de las anteriores prescripciones será penada, según los casos, con reprensión, multa, suspensión temporal o destitución, con arreglo a las disposiciones que de antemano establecerá el reglamento de las escuelas.
Art. 30º. Los maestros ocupados en la enseñanza de las escuelas públicas, tendrán derecho a que no sea disminuida la dotación de que gozan según su empleo, mientras conserven su buena conducta y demás actitudes para el cargo, salvo el caso de que la disminución fuese sancionada por la ley como medida general para los empleados del ramo. El reglamento de las escuelas determinará, en previsión del caso, los hechos y circunstancias que importen para el maestro la pérdida de sus aptitudes, por abandono, vicios, enfermedad, etc.
Art. 31º. Los preceptores que después de diez años de servicios consecutivos se viesen en la imposibilidad de continuar ejerciendo sus funciones por enfermedad, gozarán de una pensión vitalicia igual a la mitad del sueldo que perciban; si los servicios hubiesen alcanzado a 15 años, tendrán de pensión las tres cuartas partes de su sueldo; Pasando 20 años, el preceptor o subpreceptor que quisiese retirarse por cualquier causa, tendrá derecho al sueldo íntegro como pensión de retiro.
Art. 32º. Estas pensiones serán pagadas de las rentas del fondo escolar de pensiones, el cual será formado con las sumas que la Nación, los particulares o las asociaciones destinen a ese objeto, y con el dos por ciento del sueldo que corresponda a los preceptores y a los subpreceptores, que será descontado mensualmente.
Art. 33º. El fondo escolar de pensiones de que habla el artículo anterior, será administrado separadamente del tesoro común de las escuelas, por la Dirección General.
Art. 34º. Estas pensiones no podrán ser acordadas antes de dos años de dictada esta ley.
CAPITULO IV
Inspección técnica y administrativa de las escuelas.
Art. 35º. Las escuelas primarias de cada distrito escolar, serán inspeccionadas dos veces por lo menos en el año por Inspectores maestros. Créase con tal objeto el cargo de Inspector de las Escuelas Primarias, que será desempeñado por maestros o maestras normales, en la forma que determine la autoridad escolar respectiva.
Art. 36º. Corresponde a los Inspectores de Escuelas Primarias: 1. Vigilar personalmente la enseñanza de las escuelas, a fin de que sea dada con arreglo a las disposiciones de esta ley y a los reglamentos, programas y métodos establecidos por la Dirección General de las Escuelas. 2. Corregir los errores introducidos en la enseñanza. 3. Comprobar la fiel adopción de textos, formularios y sistema de registros, estadística e inventarios establecidos por la autoridad superior de las escuelas. 4. Informar a la Dirección General sobre el resultado de su inspección indicando el estado de la enseñanza de las escuelas inspeccionadas y los defectos o inconvenientes que sea necesario corregir. 5. Informar sobre el estado de los edificios de propiedad pública en sus respectivas jurisdicciones, así como sobre el estado y clase del mobiliario que tengan. 6. Pasar al Presidente del Consejo un informe mensual.
Art. 37º. Los Inspectores de Escuelas Primarias podrán penetrar en cualquier escuela, durante las horas de clase, y examinar personalmente los diferentes cursos que comprende la enseñanza primaria.
Art. 38º. En cada Distrito Escolar funcionará además permanentemente una Comisión inspectora con el título de "Consejo Escolar de Distrito", compuesta de cinco padres de familia elegidos por la Dirección General.
Art. 39º. Los miembros que componen el Consejo Escolar de Distritos durarán dos años en sus funciones. El cargo de consejero de Distrito será gratuito y considerado como una carga pública. La Dirección General resolverá sobre las excusaciones que se presentaren. El Consejo podrá tener un Secretario rentado.
Art. 40º. El Consejo Escolar de Distrito dependerá inmediatamente de la Dirección General y funcionará en el local de una de las escuelas públicas del Distrito, si fuese posible, reuniéndose una vez por semana, a lo menos.
Art. 41º. El Consejo Escolar de Distrito nombrará su Presidente y Tesorero, y dictará su propio reglamento, el cual debe ser aprobado por la Dirección General de las Escuelas.
Art. 42º. Corresponde al Consejo Escolar de Distrito: 1. Cuidar de la higiene, de la disciplina y de la moralidad de las escuelas públicas de su distrito, a cuyo efecto éstas les serán franqueadas en cualquier momento. 2. Estimular por todos los medios a su alcance la concurrencia de los niños a las escuelas, proporcionando para este objeto, vestidos a los indigentes. 3. Establecer en las escuelas o fuera de ellas cursos nocturnos o dominicales para adultos. 4. Promover por los medios que crea convenientes la fundación de sociedades cooperativas de la educación y la de bibliotecas populares de distrito. 5. Abrir anualmente el libro de la matrícula escolar y recaudar las rentas del Distrito, procedentes de matrícula, multas y donaciones particulares, dando cuenta de su percibo a la Dirección General, y emplear dichas rentas en los objetos que la misma Dirección General determine. 6. Castigar la falta del cumplimiento de los padres, tutores, encargados de los niños y maestros a la obligación escolar, matrícula anual, asistencia, o a cualquier otra ley o reglamento referente a las escuelas del Distrito. De su resolución podrá reclamarse a la Dirección General en el término de tres días, y lo que ésta decidiere se ejecutará inmediatamente. 7. Proponer a la Dirección General de las escuelas los directores, subdirectores y ayudantes necesarios para las escuelas de su Distrito, elevando con tal objeto en caso de vacante, una terna de candidatos con los documentos justificativos de su capacidad legal para el magisterio. 8. Proponer igualmente a la Dirección General el nombramiento de su secretario, y nombrar por sí mismo escribientes y personal de servicio. 9. Presidir en cuerpo o por medio de uno o más de sus miembros los exámenes públicos de las escuelas de su Distrito. 10. Nombrar comisiones de señoras para visitar y examinar las escuelas de niñas o mixtas del Distrito. 11. El Consejo Escolar de Distrito rendirá mensualmente cuenta a la Dirección General de las Escuelas de los fondos escolares que hubiese administrado, y le informará sobre el estado de las escuelas de su Distrito.
Art. 43º. Los miembros de los Consejos Escolares de Distrito responderán personalmente, ante la justicia respectiva, ante la malversación de fondos escolares, ocasionada por actos que hubieren intervenido.
Capítulo VII
Art. 66º. El Consejo Nacional de Educación establecerá en la Capital una biblioteca pública para maestros.
Art. 67º. Toda biblioteca popular fundada en la Capital, territorios y colonias nacionales, por particulares o asociaciones permanentes, tendrá derecho a recibir el tesoro de las escuelas la quinta parte del valor que sus directores comprobasen necesitar o haber empleado en la adquisición de libros morales y útiles, con tal que se obliguen a observar las prescripciones siguientes: 1. A instalar la biblioteca en un paraje central y en edificios con capacidad suficiente para cincuenta lectores, por lo menos. 2. A prestar gratuitamente los libros al vecindario, mediante garantías suficientes, o facilitar su adquisición a precios razonables. 3. A llevar en debida forma sus catálogos y los registros de estadísticas necesarios, proporcionando en períodos determinados, a la autoridad escolar respectiva, los datos que les fueren solicitados sobre el movimiento de la biblioteca.
Art. 68º. Para obtener la subvención establecida en el artículo anterior, el director de la biblioteca presentará al Consejo Nacional de Educación una relación del edificio destinado para la biblioteca, con indicación de calle y número, y el certificado de depósito en un Banco, de la suma que se propone emplear en libros.
Art. 69º. La subvención acordada cesará inmediatamente, toda vez que los libros de la biblioteca se enajenen sin reponer los libros, sin prejuicio de las penas y responsabilidades que pueda establecer el Consejo Nacional de Educación, para el caso de engaño manifiesto.
Capítulo VIII
Art. 70º. Los directores o maestros de escuelas o colegios particulares, tienen los siguientes deberes: 1. Manifestar al respectivo Consejo Escolar de Distrito su propósito de establecer o mantener una escuela o colegio de enseñanza primaria, indicando el sitio de la escuela, condiciones del edificio elegido para tal objeto y clase de enseñanza que se proponen dar. 2. Acompañar a la manifestación anterior los títulos de capacidad legal para ejercer el magisterio, que posea la persona destinada a dirigir la escuela. 3.
Comunicar a la autoridad escolar respectiva los datos estadísticos que les fueren solicitados, y llevar con tal objeto, en debida forma, los registros establecidos por los arts. 19º y 21º, según los formularios de que serán gratuitamente provistos por la autoridad escolar respectiva. 4. Observar las disposiciones del art. 16º, acerca de la matrícula escolar. 5. Someterse a la inspección que, en interés de la enseñanza obligatoria, de la moralidad y de la higiene, pueden practicar, cuando lo crean conveniente, los inspectores de las Escuelas Primarias y el Consejo Escolar de Distrito. 6. Dar en el establecimiento el mínimum de enseñanza obligatoria establecida por el art. 6º.
Art. 71º. El Consejo Escolar de Distrito podrá negar a los particulares o asociaciones la autorización necesaria para establecer una escuela o colegio, siempre que no se hubiesen llenado los requisitos anteriores o que su establecimiento fuese contrario a la moralidad pública o a la salud de los alumnos. En iguales condiciones podrán clausurar, siempre que lo juzgue conveniente, cualquier escuela o colegio particular. En ambos casos los perjudicados podrán reclamar en el término de ocho días de la resolución del Consejo Escolar de Distrito, para ante el Consejo Nacional de Educación, y lo que éste decidiere se ejecutará inmediatamente.
Art. 72º. La falta de observancia por parte de los directores de las escuelas o colegios particulares, a las prescripciones anteriores, será penada con una multa de 20 a 100 pesos moneda nacional, según los casos y las reglas que previamente establezca el reglamento de la escuela.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, a veintiséis de junio de mil ochocientos ochenta y cuatro.
FRANCISCO B. MADERO RAFAEL R. DE LOS LLANOS
B. OCAMPO J. ALEJO LEDESMA
Secretaria del senado Secretario de la C. de DD. 8 de julio de 1884
Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, e insértese en el
Registro Nacional.
ROCA / R. WILDE

Fuente: El Monitor de la Educación Común. Buenos Aires, Publicación oficial del Consejo Nacional de Educación, 1885. Año V, número 86 (agosto). Biblioteca Escolar de Documentos Digitales http://biblioteca.educ.ar

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