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13 de julio 1767 – Argentina

Cumpliendo la real orden de Carlos III, rey de España, los jesuitas abandonan el Colegio y las dependencias que tenían en la ciudad de Santa Fe. 
Fuente: Eduardo Cavieres, Guillermo Bravo Acevedo, Aldo Yávar, Dina Escobar.
La expulsión de los jesuitas de los dominios españoles sigue siendo uno de aquellos temas más contradictorios y complejos de la historia moderna. Contradictorio porque aún es dable dudar de gran parte de los argumentos esgrimidos por las autoridades del país europeo de tradición más fuertemente católica de la época para justificar una verdadera persecución religiosa dentro de la iglesia. Complejo, porque en el fondo, no es fácil distinguir con claridad las raíces de un proceso de conspiración ni si ella surgió dentro de las más altas jerarquías de la orden en contra de los fundamentos jurídicos de la Monarquía o si comenzó a planificarse a nivel de las más altas jerarquías de la Corona para acentuar su despotismo ilustrado desterrando, de paso, ideas contrarias a su sustentación como las doctrinas del pactismo y del tiranicidio, teología de Suárez que los jesuitas habían asumido como suyas. Demás está discutir los reales alcances de los altos deberes morales y religiosos asumidos con tristeza y resignación por Carlos III al firmar el documento de expulsión y dirigir, directa e indirectamente, su puesta en marcha.
La historia de la expulsión es, por lo demás, una historia conocida y que se encuentra bien delineada por una amplia historiografía en sus detalles generales. Sabemos, en consecuencia, que las disposiciones de Carlos III, no sólo establecían el extrañamiento o expulsión de los miembros de la Compañía de todos los territorios pertenecientes a la Corona española, sino también la inmediata ocupación de todas las temporalidades que la compañía tenía en esos dominios. Esto significó que la orden de expulsión también estableció la confiscación de todos los bienes muebles e inmuebles de cada casa de la congregación, como de todos sus haberes y dependencias. Estos bienes tuvieron diversos destinos a través de la venta, el remate, o el arrendamiento, pero ello transformó igualmente, el carácter de una cuestión iniciada doctrinariamente ampliándola a situaciones de poder económico que terminaron por apagar las luces ideológicas, si es que las hubo, de los principales teóricos de la expulsión. Además, fueron este tipo de cuestiones las que llevaron a organizar y estructurar todo un entramado de disposiciones legales y su aparato burocrático correspondiente - cédulas, órdenes y providencias - imprescindibles, “para articular un sistema de administración capaz de asegurar que esos bienes temporales tuvieran el destino que el monarca había expresado en la real cédula de expulsión del 26 de agosto de 1767”

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